Los últimos acontecimientos políticos acaecidos en nuestro pueblo durante los últimos meses muestran una realidad bastante preocupante.
Uno de los problemas que contribuyen a lo que decimos es el conflicto existente entre el colectivo de la Policía Local –o al menos buena parte del mismo- y el Equipo de Gobierno. Este conflicto es, ante todo, un conflicto laboral, pero que de una manera muy peligrosa está siendo utilizado por los miembros del Equipo de Gobierno para desacreditar y poner en duda la labor de la misma Policía.
Lo primero que queremos recordar es que los gobernantes están en sus cargos para solucionar los problemas y no para agravarlos. Están elegidos por los ciudadanos, de los cuales reciben su sueldo y su confianza, para cumplir con la ley y no para saltársela; están llamados a contribuir a la paz social y no a provocar más conflictos utilizando para ello el eterno manual del populismo más rancio y trasnochado. En este sentido, es muy fácil, pero a la vez muy peligroso, lanzar a la opinión pública la sospecha de que unos funcionarios o están o han estado incumpliendo con su obligación. Ni un concejal de seguridad y mucho menos una alcaldesa pueden insinuar, públicamente, ni que antes se ponían pocas multas ni que ahora se imponen demasiadas. En esta situación lo único que deberían hacer ante la más mínima sospecha es investigar qué está ocurriendo y tomar las medidas disciplinarias que están su mano.
Todo lo que no sea abrir un expediente a quiénes estén realizando mal su trabajo es crear un enfrentamiento entre estos funcionarios y los vecinos, con el correspondiente malestar.
Porque está claro que a nadie le gusta ser sancionado aunque la infracción sea flagrante. Cuando eso ocurre se busca alguna excusa o cualquier argumento para eximirnos de nuestra responsabilidad. Pero si esto es grave, aún lo es más el caso de la reacción ante los acontecimientos ocurridos durante el pasado verano durante las conocidas “Noches en Blanco”.
Ante una actuación policial que pudo ser desproporcionada, solo cabía la misma respuesta, y no otra. No cabía el cambio de criterio en relación a la distribución de los efectivos la noche siguiente. No es admisible que para evitar una situación parecida al día siguiente se ordena a una patrulla que se desplace a Villafranco hasta las tres de la madrugada con la orden de no abandonarlo salvo situación de urgencia; y a la otra que permaneciera en la comisaría.
Pero lo que de ninguna manera puede tolerarse es el gesto del Equipo de Gobierno, que la noche siguiente acudió a la zona en un horario en el que las terrazas, por ley deberían estar cerradas.
Esto demuestro la prepotencia con la que el Equipo de Gobierno actúa y el mensaje que lanza a los vecinos. “Estamos por encima de la ley, estamos por encima de las ordenanzas y somos capaces de solucionar el problema a nuestra manera. Y ahora que venga la policía” debieron pensar mientras permanecieron en la terraza del local en el que se produjo la noche anterior los incidentes. Y no podemos olvidar que en última instancia, de buenas o malas formas, lo que la Policía intentó aquella noche era que se cumpliesen las ordenanzas que nuestro pueblo tiene en materia de uso y ocupación de los espacios públicos.
Estas cuestiones son las que tendrán que aclararse en la Comisión de Investigación que aprobó el Pleno a instancia de la oposición y para la que el Equipo de Gobierno no ha dado ni un solo paso.
UNA VERGÜENZA.
Y NO SOLO SON LOS POLICÍAS
Si algo parecía casi imposible en todos estos años en nuestro Ayuntamiento era que alguno de sus trabajadores se atreviera a enfrentarse al férreo control del Equipo de Gobierno. La precariedad laboral tenía una consecuencia además de las condiciones laborales y de horarios: el miedo.
Muchos trabajadores y trabajadoras contratados han tenido que soportar condiciones laborales injustas y actitudes caciquiles por parte del Equipo de Gobierno puesto que sabían que si ponían sus casos en conocimiento de los sindicatos o de Magistratura de Trabajo las consecuencias eran una persecución o incluso un despido fulminante. Los pocos casos que se han conocido han sido todos de funcionarios que tenían garantizados sus puestos de trabajo.
Ahora, parece que algunos se están sacudiendo el miedo, y a pesar de las represalias se atreven a levantar la voz, pedir ayuda a los sindicatos para reclamar y exigir sus derechos.
En los últimos meses, varios casos: la anterior directora de
ATV, que ha denunciado a la Concejala por su destitución, además de por acoso laboral; y el del antiguo profesor de la Escuela de Música.
Por último, el operario de grúa que solicitó el reconocimiento de la categoría y el sueldo correspondiente. La consecuencia: fue trasladado y la grúa desde entonces ha permanecido parada.
Parece mentira que estos hechos sean noticias en pleno siglo XXI. Pero en nuestro pueblo la democracia se resiste en llegar y parece que estuviésemos instalados en el siglo XIX.
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