Con motivo de la celebración del Día de Andalucía el próximo jueves 28 de Febrero, el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha querido unir a la Plataforma para el Desarrollo Social de Andalucía y ha presentado una moción en pleno del miércoles 27 en el que recogemos las reivindicaciones de esta plataforma en la que están representadas diversas asociaciones y colectivos además de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT)
MOCIÓN
Que
presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes –
Convocatoria por Andalucía, al amparo del Art.97 y 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales. Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, a la
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en
relación al apoyo
a la movilización que ha convocado la Plataforma Compromiso Social
para el Progreso de Andalucía el próximo 28 de Febrero.
Exposición de motivos
Hace
ya más de 35 años el pueblo andaluz impulsó decididamente una
lucha que culminó con la conquista de su autonomía, alcanzando el
mismo nivel que las nacionalidades consideradas históricas por la
vía recogida en el artículo 151 de la Constitución Española. Este
logro fue negado, en principio, al asociar el calificativo de
histórica a que se hubiesen aprobado o tramitado estatutos de
autonomía durante la II República Española. Andalucía, con un
borrador de estatuto aprobado en la Asamblea de Córdoba en 1933, no
pudo tramitarlo ante Las Cortes Generales tras el estallido de la
Guerra Civil en 1936.
La lucha de los andaluces y las andaluzas dio un paso de gran trascendencia con el histórico resultado del Referéndum del 28 de febrero de 1980. Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981, se inició el camino para recuperar parte importante del retraso histórico sufrido y aminorar los desequilibrios y las desigualdades que padecíamos ante el resto de comunidades, más avanzadas y con mayor desarrollo.
El ejercicio de la autonomía y del autogobierno ha posibilitado desarrollar un marco competencial propio. Sin embargo, estos avances no se han acompañado de todos los cambios estructurales necesarios en nuestro tejido productivo. La dependencia de la construcción residencial en detrimento del desarrollo industrial, nos ha hecho más vulnerables a la crisis y estamos sufriendo en mayor medida la destrucción de empleo, con un altísimo nivel de paro y precariedad laboral al que han contribuido las últimas reformas laborales.
La crisis económica está resultando una gran oportunidad para que los poderes financieros intenten desmontar lo que teníamos de Estado del Bienestar y los logros sociales conquistados tras décadas de lucha. La cristalización de las políticas neoliberales de recortes sociales y derechos se institucionalizó, a su vez, en la reforma del artículo 135 de la Constitución que obliga al pago de la deuda sobre cualquier otra consideración social o política.
Este
cuestionamiento de los sistemas de derechos y protección social está
también en la base del ataque tanto del modelo autonómico como a la
Autonomía Local. Nos encontramos en una situación de riesgo
extremo, ante los embates del centralismo que el gobierno central
lleva a sus últimas consecuencias. Al suprimir competencias por la
vía de los hechos, al imponer sus ajustes y reducir la financiación,
realmente se está fomentando que los servicios públicos se
privaticen y se conviertan en negocios lucrativos. El verdadero cariz
de las políticas llamadas de “austeridad” y déficit controlado
que se imponen a las Comunidades Autónomas y Ayuntamentos,
especialmente a Andalucía, es liquidar los derechos sociales y
laborales beneficiando a las grandes entidades privadas.
Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver también frenado por intereses de carácter insolidario y egoísta, propiciados tanto por los que pretenden construir un sistema asimétrico como por aquellos que quieren implantar un modelo centralista. Ambos modelos producen un aumento de las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas.
Por eso, es el momento de consolidar el modelo de Estado Autonómico que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, y de garantizar el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por unanimidad en el Parlamento y con un amplio grado de consenso social, para así avanzar en cohesión social y en generación de riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.
Para preservar las conquistas de estos años, los avances reflejados en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007, y conservar nuestra capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias es necesario e imprescindible aglutinar en torno a él una amplia mayoría social.
Exigimos
y defendemos el desarrollo del Estatuto de Autonomía especialmente
en todo lo relacionado con la defensa del modelo social, el
mantenimiento de los servicios públicos, el empleo y la generación
de riqueza (potenciando otro modelo productivo, sostenible,
fomentando las energías renovables, la agroindustria, el I+D de las
universidades andaluzas), que pueden ser los instrumentos
fundamentales de futuro para garantizar la cohesión social y la
igualdad de oportunidades.
Apostamos
por avanzar hacia un modelo federal que permita corregir las
arbitrariedades y desigualdades que se producen según los intereses
de los gobiernos de turno, y por dejar claramente delimitadas las
competencias y un sistema de financiación justo, solidario y donde
las personas sean su eje central, acabando con el trato
discriminatorio hacia comunidades como Andalucía. Un federalismo
defensor también de la Autonomía Local, que permita asentar y
profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances
producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático
de la sociedad española y andaluza.
Denunciamos
los objetivos impuestos de déficit público desde los centros de
poder neoliberales y conservadores mayoritarios en la Unión Europea,
un política de recortes institucionalizada desde la reforma del
artículo 135 de la Constitución que prima el pago de la deuda por
encima del ejercicio de los derechos sociales.
La
Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ha hecho
un llamamiento de compromiso ciudadano y democrático a todas las
entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos,
sindicatos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la
Universidad, a todos los trabajadores y todas aquellas personas
víctimas de la crisis ya sea por los despidos, el paro, los
desahucios, la precariedad laboral, la exclusión o cualquier
agresión a sus derechos, personas que quieren seguir defendiendo el
autogobierno y los derechos democráticos y sociales que los
andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las
urnas.
La
autonomía andaluza, tiene sus raíces en lo social, en busca de la
igualdad y la redistribución de la riqueza. El autogobierno andaluz
no es excluyente, sino incluyente, y eso exige la profundización en
la justicia social, y no la eliminación de los derechos sociales.
"Tierra y Libertad" es nuestro lema, lo que se traduce en
más trabajo, más derechos sociales, más bienestar, más igualdad,
y más derecho a gobernarnos democráticamente. Derechos que el
pueblo andaluz defenderá, como siempre en su historia, desde la
movilización social y la rebeldía democrática.
ACUERDOS
- El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande muestra su apoyo a la movilización que ha convocado la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía el próximo 28 de Febrero.
- Anima a la participación masiva en las manifestaciones que tendrán lugar en las capitales de cada provincia, bajo el lema “28F: POR ANDALUCÍA, DERECHOS, EMPLEO Y DIGNIDAD”.
Alhaurín
el Grande, 26 de febrero de 2013
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