Los hechos probados
La Audiencia Provincial consideró como probados (al igual que hace la actual sentencia del Tribunal Supremo) que “el acusado JOSE GREGORIO GUERRAGIL, Concejal de Urbanismo, de común acuerdo para ello con el acusado JUAN MARTÍN SERÓN,(…) venía exigiendo con insistencia,(…), con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de la suma de 122.000 euros como contrapartida a la licencia de obras (…)”
